El pasado mes de febrero se estableció la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Con ella, se traspone la directiva europea, conocida popularmente como Whistleblowing.

Esta ley obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a contar con un sistema interno de información, o canal de denuncias, y prevé multas que pueden alcanzar hasta un millón de euros.

Concretamente, las empresas con más de 250 trabajadores deberán contar en su organización, a partir de este martes 13 de junio, con un sistema interno de información, a través del cual puedan realizarse denuncias de infracciones normativas. Este canal de denuncias deberá contar con un sistema que proteja a los informantes, de manera que no puedan ser represaliados.

Las empresas de entre 50 y 249 trabajadores tendrán un plazo mayor para poner esta medida en vigor. En concreto, no estarán obligadas hasta el próximo 1 de diciembre.

También tendrán que contar con este sistema interno de denuncias los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, así como aquellas fundaciones que dependan de las anteriores, siempre que reciban fondos públicos para su financiación. El objetivo es evitar la existencia de casos de corrupción, así como facilitar la erradicación de cualquier sospecha de nepotismo, clientelismo o derroche de fondos públicos o financiación irregular.

El régimen sancionador de la ley contempla como infracción muy grave, el incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema interno de información, estableciéndose una multa que oscilaría desde los 600.001 euros y 1 millón de euros, en el caso de personas jurídicas.