Bruselas podría expedientar a España por los límites a los pagos en efectivo que establece la ley antifraude del Ministerio de Hacienda.

Pues la Comisión Europea ha comenzado ya a analizar la legalidad de la norma, que fija un máximo de 1.000 euros para los pagos en efectivo, en contra del criterio del Banco Central Europeo. De hecho, ha confirmado que “llevará a cabo una evaluación preliminar del asunto en un plazo de dos meses e informará de sus resultados”, que podrían incoar “un procedimiento de infracción”.

El supervisor califica así de “desproporcionado” el límite que fija la normativa de la Hacienda española. Pues “dificulta notablemente la liquidación de operaciones legítimas mediante el uso de efectivo como medio de pago, con lo que compromete el concepto de curso legal consagrado en el Tratado de la Unión Europea”. Además, señala que este límite “reduce la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de ciudadanos para escoger el medio de pago”. Por otro lado, también mencionó la posibilidad de colapso en situaciones en las que es complicado realizar pagos telemáticos.