El Fiscal del Tribunal Supremo y coordinador de Seguridad Vial en España ha remitido un oficio a la Guardia Civil, policías nacionales y autonómicas con una orden que pretende establecer un nuevo cerco judicial al uso del teléfono móvil.

El uso de dispositivos móviles al volante sigue siendo la principal causa de accidente en las carreteras y vías urbanas. Por ello, con esta orden, las llamadas de móvil de los conductores implicados en accidentes podrán ser inspeccionadas para  averiguar si el infractor estaba usando el dispositivo en el momento del siniestro.

La medida pretende acabar con la impunidad de los conductores a los que, hasta ahora, no se podía demostrar in situ si estaba utilizando el móvil y, con ello, poniendo en peligro la seguridad de otros.

Esto no significa que los agentes puedan mirar el móvil del infractor en ese preciso momento, pues sería ilegal, ya que necesitan una autorización judicial para ver las llamadas. Los agentes deberán seguir estos pasos: si sospechan que el conductor estaba distraído con el móvil, solicitarán al juzgado que inste a la compañía a aportar a las diligencias judiciales un informe detallado de las llamadas que se hubieran realizado previamente o durante el accidente, en el atestado. No será necesario que el accidente sea muy grave para que solicite este informe. Sin embargo, el análisis no será determinante y estará condicionado por otros factores que el conductor podrá alegar en las diligencias (por ejemplo, si la llamada se lleva a cabo a través del manos libres, mediante Bluetooth, lo cual es legal).