Las empresas que tengan un promedio de plantilla en los últimos doce meses de cincuenta empleados o más, están obligadas a contratar, al menos, a un 2% de trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Se trata de la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos, la ley 13/1982 de 7 de abril. Actualmente, la Generalitat Valenciana ofrece unas subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas con discapacidad o diversidad funcional.