El Fiscal General del Estado ha presentado la Memoria de la Fiscalía sobre el año judicial 2018, en el que se recogen un repaso anual sobre lo más importante acontecido en los tribunales y una serie de propuestas para afrontar el nuevo curso judicial. Las cuestiones analizadas corresponden a asuntos como la ciberseguridad, terrorismo, protección de datos, corrupción o maltrato animal.  En este artículo trataremos el análisis realizado sobre los procedimientos judiciales de investigación de delitos enmarcados en las tecnologías de la información.

A este respecto, la Memoria de la Fiscalía ha advertido sobre el aumento de los procesos judiciales por ciberdelincuencia y considera que se está produciendo “un desplazamiento generalizado hacia la red de todo tipo de actividades criminales”. Sin embargo, aunque estos procedimientos se hayan visto incrementados en un 35,8%, en 2018, respecto al año anterior, el número de casos es mayor. Esto de debe a que los datos no recogen todas las investigaciones policiales, solo en las que se identifica al autor y el expediente se traslada a dependencias judiciales.

Una de las principales causas del incremento de esta clase de delitos es la impunidad de la que gozan los ciberdelincuentes en la red. Esto se debe a la facilidad de estos para actuar bajo el anonimato u ocultar su rastro, además de la utilización de sitios como la “dark web”. De esta forma, muchas investigaciones policiales, quedan archivadas ante la imposibilidad de identificar al autor de los actos delictivos.

Por otro lado, también se señalan nuevas formas de ciberestafa, además de las ya conocidas ransomware – ataque que restringe el acceso a su sistema y exige el pago de un rescate para eliminar la restricción-, troyanos o correos phishing -de los que ya hablamos en artículos anteriores-, como la utilización ilícita de datos bancarios captados en establecimientos en el extranjero, estafas en el alquiler de viviendas, compraventa de coches ficticios, etc.

Además de un incremento de las ciberestafas, también se ha producido un aumento de los delitos de odio en la red y de casos de distribución de pornografía infantil.

Para hacer frente a estas actividades, la Fiscalía propone estudiar y analizar de forma conjunta todas las denuncias e investigaciones, cruzando datos policiales y judiciales, para obtener una visión general de la gravedad del problema. De esta forma, según explica la Fiscalía, se conseguirían pistas esenciales para desenmascarar a los ciberdelincuentes.