El SEPE ha reclamado un total de 1.117 millones de euros, de los que ya ha ingresado 1.077 millones, a 108 empresas que, pese a registrar beneficios, hicieron despidos colectivos que afectaron a 32.241 trabajadores/as mayores de 50 años, entre 2013 y 2024.
Esta medida, conocida como ‘enmienda Telefónica’, obliga a las compañías a compensar al Estado por el gasto en prestaciones y subsidios por unos procesos que escondían una forma de prejubilación con cargo a las arcas públicas.
A grandes rasgos, la “enmienda telefónica” es una normativa que obliga a las grandes empresas (con más de 100 trabajadores) a compensar al Estado si en un despido colectivo (ERE) se despiden a trabajadores/as mayores de 50 años. El objetivo no es otro que desincentivar estos despidos y mitigar el coste para el sistema público de pensiones. Esta disposición fue introducida a raíz de una reforma de pensiones tras las prejubilaciones masivas que llevó a cabo la compañía Telefónica, de ahí el nombre.
El 28 % del total de las cantidades ingresadas hasta finales de 2024, 305 millones de euros, corresponden al ERE que en 2011 presentó Telefónica.
La formulación de esta medida busca disuadir a las empresas de apostar por estas prácticas, que suelen ser la puerta de entrada a las ‘prejubilaciones’, obligando a dichas empresas a compensar al Estado, mediante una aportación al Tesoro, por el coste prestaciones y subsidios que suponen estos recortes de plantilla centrados en las personas trabajadoras de mayor edad.
