La Administración ha de otorgar preferencia en la contratación de sus proveedores a las empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad, que cuenten con planes de igualdad entre hombres y mujeres, fomenten la conciliación laboral y tengan buenas condiciones laborales y salariales.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para el Impulso de la Contratación Pública Socialmente Responsable, en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público. En este Plan se aplican consideraciones sociales en la contratación pública, de tal forma que las empresas que cuenten con personal con discapacidad, Plan de Igualdad, fomenten la conciliación laboral y familiar y tengan buenas condiciones salariales y sociales, tendrán mayores posibilidades para convertirse en proveedores de la Administración y ganar las licitaciones.

El objetivo es que en la contratación pública se fomente la promoción de oportunidades de empleo, el trabajo digno, la inclusión social, la accesibilidad o comercio justo, etc. Se trata de un nuevo enfoque de contratación pública denominada “contratación pública estratégica”.