La Unión Europea mantiene el IVA en el 15% hasta 2017

Los ministros de Economía de la Unión Europea han acordado mantener durante dos años más el nivel mínimo del tipo general de IVA en el 15%. El objetivo es garantizar la seguridad jurídica y evitar que existan divergencias importantes entre los Estados miembros que lleven a una distorsión de la competencia. Además, la Comisión Europea ha adoptado medidas para que las multinacionales informen sobre el pago de sus impuestos y que esa información pueda ser compartida entre Estados miembros.

Los Estados miembros no pueden aplicar un tipo normal del IVA inferior al 15% desde 1993 cuando entró en vigor la directiva que obligaba a mantener este nivel hasta el final de 1996. Desde entonces, esta disposición se ha prorrogado en cuatro ocasiones y la última de ellas se extendía hasta el 31 de diciembre de 2015. Tras la reunión de esta semana, el Consejo ha decidido mantener la tasa del 15% del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017 para garantizar la seguridad jurídica.

Por otro lado, la Comisión Europea también ha adoptado medidas para que las compañías multinacionales informen sobre el pago de sus impuestos y que esa información pueda ser compartida entre Estados miembros. La directiva es el primer paso de un paquete de medidas propuestas en enero por la Comisión para reforzar las normas contra la evasión de impuestos por parte de las empresas. La directiva se basa principalmente en recomendaciones de la OCDE para combatir la evasión fiscal y el trasvase de beneficios. Afectaría a compañías con unos ingresos consolidados de al menos 750 millones de euros.

El objetivo principal de esta medida  es evitar que las multinacionales utilicen artimañas de ingeniería fiscal para evadir impuestos e incumplir por lo tanto sus obligaciones fiscales. Requerirá que informen, desde este mismo año, detallada país por país, a las autoridades correspondientes donde la compañía tenga la residencia fiscal.

La directiva establece un límite de 12 meses desde que termine el año fiscal para que las compañías proporcionen la información y más de tres meses para que las autoridades fiscales la intercambien de forma automática. También requiere que los Estados miembros determinen el régimen de sanciones aplicable en caso de infracción.

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