El Gobierno aprueba la reforma de la formación

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley de reforma de la formación profesional, con el que se persigue una mejora de la calidad de los cursos para el acceso a empleos más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito. El texto abre la gestión directa de los fondos y la impartición de cursos de formación de oferta  a la libre concurrencia y relega a patronal y sindicatos a un papel de planificación de estos programas.

Este cambio supone la exclusión de los agentes sociales en la impartición de cursos y permitirá, según el Gobierno, que sea el mercado el que dirija a los trabajadores hacia las mejores ofertas de formación. Si en los últimos años se adelantaba la financiación de estas subvenciones directas a las empresas en un 100%, a partir de ahora sólo se anticipará el 25% para evitar casos de fraude. Así mismo, el Ejecutivo ha señalado que las empresas siguen pudiendo elegir el impartir, incluso con más “flexibilidad”, la formación directamente en su seno, a través de lo que se conoce como formación bonificada. Además, desde el Ministerio de Empleo se ha valorado la vocación del texto de reforzar esta labor en el ámbito de las pymes.

De este modo, el principal papel de patronal y sindicatos en relación con la formación de oferta será ahora el de anticiparse y detectar las necesidades de formación para introducirlas en un escenario de planificación plurianual que garantizará la formación continua de los trabajadores. Por otro lado, la reforma introduce la ‘cuenta de formación’ que acompañará al trabajador durante toda su vida laboral y que certificará toda su formación. Además, se crear el ‘cheque formación’, con el que el desempleado podrá costear su formación en el centro que prefiera.

Otra de las novedades de la reforma es la de introducir procesos de evaluación permanente. Además, supone la creación de una unidad especial de inspección en el ámbito de la formación y un incremento de las sanciones para las empresas que utilicen de forma irregular los fondos recibidos. Las empresas que así lo hagan, no recibirán nuevos recursos en los siguientes cinco años. Por último, introducir un sistema integrado de información entre comunidades autónomas y Gobierno en favor de la transparencia, el control y la evaluación permanente.

El actual modelo de formación llega actualmente a más de cuatro millones de personas y es empleado por más de 475.000 empresas, con una inversión de 2.280 millones de euros, con cifras de 2014.

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