CATEGORIA: Asesoría Jurídica

El TS determina que conducir sin carnet es delito

Conducir vehículos a motor sin haber obtenido nunca el carné es un delito, y no una infracción administrativa. El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que no se requiere que el conductor haya puesto en peligro concreto la seguridad vial ni cometido una maniobra antirreglamentaria. Considera que se trata de un delito de riesgo abstracto que resulta de la conducción sin poseer la habilitación teórica y práctica y sin haberse comprobado las capacidades físicas y psíquicas en el conductor.

Las empresas serán las responsables de los ciberdelitos de sus empleados

Los delitos que cometa un empleado contra la privacidad de los datos personales y la seguridad de los sistemas de información pueden generar responsabilidad penal de la empresa para la que trabaje. Así lo establece el Tribunal Supremo si considera que la mercantil no ha adoptado las medidas de prevención necesarias para evitar su comisión, vulnerando la normativa de protección de datos de obligado cumplimiento.

Las empresas deben responder por sus deudas a pesar de estar disueltas

El Tribunal Supremo ha reconocido la personalidad jurídica a las empresas que estén disueltas pero que tengan deudas pendientes. De este modo, las entidades liquidadas tendrán que responder, como sociedad, de estos capitales frente a reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos pese a que en principio haya perdido su personalidad jurídica con la liquidación.

La UNE publica una norma para evitar riesgos penales en las empresas

La Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado la versión definitiva de la norma que establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar de forma continua el modelo de cumplimiento normativo en las organizaciones. El objetivo es prevenir la comisión de delitos en su seno y reducir el riesgo penal a través del impulso de una cultura ética y de cumplimiento.

El TC anula el impuesto de plusvalía municipal si se vende a pérdidas

El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto sobre las plusvalías que grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos aunque hayan perdido valor. Considera que no es expresiva de la capacidad económica del contribuyente. Sin embargo, sí deberán pagarla quienes al vender un inmueble obtengan una ganancia con la operación. Así, extiende la decisión que había adoptado para el territorio foral de Guipúzcoa a todo el Estado.